pena de muerte

¿Por qué no se aplica la pena de muerte en Guatemala?

La pena de muerte es un tema muy debatible y cada persona tiene un punto de vista diferente sobre él. Por un lado, hay quienes aprueban y hasta consideran necesaria la aplicación de esta condena como una solución a la violencia que se vive día a día en el país y, por el otro, hay quienes defienden la idea que nadie tiene el derecho de quitar la vida a otro ser humano y que debe ser el Estado quien procure por definir la condena correspondiente y velar porque se cumpla.

“Este castigo es un síntoma de una cultura de violencia, no es solución”, dice Salil Shetty, Secretario General del Movimiento Amnistía Internacional. Por su parte, Elmer Palencia, del Movimiento Cívico Hoy por Guatemala, dice que la pena de muerte está vigente en la estructura legal del país, pero está suspendida desde hace varios años, ya que en ningún momento se ha abolido.

Esta pena consiste en ejecutar a un condenado por parte del Estado, por haber cometido alguno de estos delitos: parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada, muerte del Presidente o Vicepresidente de la República; los cuales se encuentran establecidos en el Código Penal de Guatemala.

En cuanto a la sentencia, la Constitución Política de la República establece en el artículo 18 “Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes…” y solo el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte, siendo el presidente el último en tomar la decisión.

Según el sitio “Diplomatie” del gobierno de Francia, la sentencia se encuentra vigente en 58 estados y territorios alrededor del mundo.

Interpretación gráfica

  • Territorios que aplican la pena de muerte.
  • Territorios con retraso después de la apelación en contra de la inyección letal.
  • Territorios con prórroga de más de diez años a raíz de la decisión de las autoridades competentes.
  • Territorios abolidos.

 

Historia

El primer caso de la pena de muerte del que se tiene registro en Guatemala es de 1840, cuando el presidente Rafael Carrera envió a fusilar al entonces alcalde de Quetzaltenango, Roberto Molina.

En 1869, el Gobierno guatemalteco participó en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica, en donde se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos. En este tratado, Guatemala se comprometió por medio de dos cláusulas que establecen que no se puede ampliar el catálogo de los delitos que podrían castigarse con pena de muerte y al principio de legalidad y de no retroactividad. Esto quiere decir que queda a disposición de cada país seguir aplicando este castigo o no.

El último caso donde se aplicó la pena de muerte por inyección letal fue en el año 2000, en donde Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate fueron encontrados culpables y sentenciados por el secuestro y muerte de Isabel Bonifasi de Botrán.

Nuestra ley tiene un vacío legal

Durante el mandato del presidente Alfonso Portillo (2000-2004), él renunció a la potestad de indultar o no a los condenados a muerte, quedando en suspenso dicha sentencia. En 2011, el entonces presidente, Álvaro Colom, presentó al Organismo Legislativo la iniciativa 307-2010 en la que buscaba abolir la pena de muerte, la cual no logró prosperar ya que se consideraba copia de otra que había sido vetada.

En el 2017, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejaron exentos los delitos que conllevan a la pena de muerte. En la resolución del expediente 5986-2016 se declararon inconstitucionales algunos párrafos de los artículos 131, 132 bis 201, 201 Ter, y 383 del Código Penal y de la Ley Contra la Narcoactividad, los cuales se contradicen entre sí, pues algunos indican que la vida es lo primero que se debe preservar, mientras que otros validan la aplicación de la pena capital, dejando sin efecto el derecho a la vida.

A pesar de esto, en diciembre pasado, los diputados presentaron una nueva iniciativa para regular el recurso de gracia como requisito para aplicar la pena capital, ya que no existe ninguna norma que lo regule. Aunque la pena aún está vigente en el Código Penal guatemalteco, actualmente esta iniciativa es una de las tantas que espera resolución en el pleno del Congreso.

Conclusión

A pesar de estar vigente, la pena de muerte no es aplicada desde hace más de 15 años por vacíos legales que existen en la ley. Hoy en día sigue la discusión en diferentes órganos del Estado, en donde aún se debe determinar si se abolirá o seguirá vigente esta condena. Los diputados deben dar trámite a distintas iniciativas que pretenden reactivarlo, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- trabaja para que esta ley quede abolida y responder al derecho fundamental de cada persona, pero buscando a la vez, los mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de pena acorde al delito cometido, una vez se haya comprobado la culpabilidad de acuerdo al debido proceso legal.


Fuentes: publicaciones de Prensa Libre del año 2000 a la fecha. Tesis “Necesidad de crear una comisión encargada de otorgar el indulto en Guatemala”, Vicky Arelly Hernández López, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2009. Código Penal de Guatemala. Lic. Rodrigo Molina, Legantis Law. Rodrigo.molina@legantislaw.com. www.amnesty.org.

Erick Martinez

Soy amante de los videojuegos y la tecnología. Diseñador y Dj por 10 años hasta que descubrí el mundo de la fotografía. Una Nikon es la óptica que me permite transmitir mi visión del mundo.